LOS DEUDOS PAGARON
Por: Patricia Monreal, Mariana Morales, Alma Ríos, Teresa Montaño
Cuando el Covid-19 se llevó en Alabama a la indígena tsotsil Micaela, su viudo acudió al consulado a pedir apoyo para trasladar los restos a Chiapas, su tierra natal. Ahí le dijeron despotamente que por el momento no podían apoyarlo porque “ya había mucho muerto”.
Por falta de recursos para pagar el avión, al viudo lo ayudó una pareja de chicanos a cruzar las cenizas de su esposa por carretera. El destino era entregarlas a la familia en San Juan Chamula, una comunidad llena de color, ritos y plegarias, donde el “Horario de Dios”, “el reloj Sol”, es el que marca el paso del tiempo.
El vehículo recorrió más de tres mil kilómetros de distancia, casi como bordear el Golfo de México. Fueron más de 36 horas de viaje y tres mil 500 pesos de gasolina, tan sólo en la pura ida.
Pero los deudos gastaron más. En Estados Unidos ya habían desembolsado unos 36 mil pesos para el servicio de cremación.
Pese a que la Guía para el Traslado de Restos o Cenizas de Personas Mexicanas que Fallecen en el Extranjero, mandata a los consulados otorgar apoyos a deudos pobres a través de las funerarias, para servicios básicos de traslado, embalsamamiento o cremación, la familia de Micaela no recibió la ayuda.
La
red consular tiene atribuciones de otorgar apoyo económico por servicios funerarios básicos para el
traslado de restos o cenizas de personas mexicanas fallecidas por un monto
máximo de mil 800 dólares estadounidenses, equivalentes a 36 mil pesos, lo que
la familia de Micaela habría pagado tan solo por la cremación.
Esta
investigación periodística documentó que durante 2020, se entregaron mil 279 apoyos económicos en 42
consulados, pero fueron muy pocos y algunos, irrisorios comparado con las dos
mil 556 solicitudes presentadas por familiares a la Dirección General de
Protección a Mexicanos en el Exterior.
Vía
solicitudes de transparencia, el consulado de Laredo reportó haber entregado en
septiembre de 2020, una ayuda de tan solo 89.30 dólares, con lo que en Estados
Unidos apenas alcanza para comprar unos tenis baratos.
Incluso
se reportan apoyos menores, como el otorgado en Milwaukee por 26 dólares, a una
familia en enero de 2020 para la repatriación de restos, lo equivalente al
precio de una pizza estadounidense.
Los
consulados de Nogales Arizona, Douglas y San Juan admitieron que destinaron
cero pesos en apoyos, aun cuando en el primero de éstos, oficialmente se tiene
el registro de cinco indígenas migrantes muertos a causa del nuevo coronavirus.
Los apoyos del gobierno mexicano
son prácticamente simbólicos, reconoce María Fernanda Zavala Aguirre, quien
hasta septiembre pasado se desempeñó como jefa del Departamento de Derechos
Humanos y Repatriación de la Secretaría del Migrante en Michoacán.
Ella
explica que tan solo el servicio de una funeraria, puede costar hasta tres mil
dólares, a lo que se suma el vuelo para el traslado del cuerpo, la preparación,
la refrigeración y el embalsamamiento.
Eso
representa que los deudos llegan a gastar más de 109 mil pesos, cantidad que
difícilmente tienen a la mano cuando son de bajos recursos.
Roberto
Gómez Hernández es profesor de una primaria indígena, y por eso se ha dado
cuenta que algunas familias de la comunidad de
San Juan Chamula, Chiapas, donde da clases, se han llegado a endeudar
con más de 60 mil pesos para costear estos servicios.
Éste
es el caso de Salvador Hernández, padre de un migrante que murió en Estados
Unidos y fue repatriado a la comunidad de Nanchtantik municipio de San Juan
Chamula.
Sentado
en una silla de madera, en su casa de tabla, el anciano tsotsil relató en
lengua materna, que tuvo que pedir prestado para poder regresar el cuerpo de su
hijo a la tierra que lo vio nacer.
Hasta
la fecha, Salvador adeuda 100 mil pesos a los prestamistas de su pueblo.
PESAR INDÍGENA Y LEYES MUERTAS
Como
un presagio de su inminente fallecimiento, la purépecha Raquel Cerna Álvarez
-de 82 años de edad- le dijo a su hijo antes de ingresar a un hospital de
California: “mira Guillermo, eso sí te pido, que si yo me llego a acabar, aquí
no me vayan a dejar, yo quiero que me entierren junto con tu papá, en
Michoacán”.
Para
los purépechas, cumplir la última voluntad de los suyos, es Ley.
Eso
lo sabían los hijos, primos y nietos de Raquel que radican en aquella nación
americana, y a sabiendas de que el apoyo del gobierno de su tierra natal no iba
a llegar, cooperaron para hacer valer la palabra de la familia.
Muchas
madres, hijas o esposos de las mujeres indígenas migrantes fallecidas por
Covid-19, no sólo quedaron desamparadas por los consulados, sino también por
los gobiernos estatales y municipales de su país de origen.
A
través de solicitudes de información se pudo detectar que de los 32 estados de
la República Mexicana, sólo dos implementaron programas emergentes de apoyo a
familiares de ciudadanos fallecidos en el extranjero a causa del virus.
Esto
a pesar de que ocho entidades establecen en sus Leyes, obligaciones de generar
políticas públicas para asistir en el traslado u ofrecer servicios funerarios
para repatriar los restos, entre ellas Michoacán, de donde Raquel era
originaria.
Legislativamente
en 24 estados de la República, los indígenas migrantes están ausentes, no
existen disposiciones que contemplen su protección ni obliguen a la generación
de políticas públicas para su atención.
En
México durante esta pandemia, sólo cinco entidades federativas implementaron
programas o acciones para apoyar a migrantes indígenas asentados en sus
territorios.
Este
desamparo institucional fue el mismo que sufrieron en su propia tierra.
EL APOYO DEL OTRO LADO DE LA FRONTERA
Angélica
Moreno, vive a más de tres mil kilómetros de distancia de su esposo e hijo.
Ella radica en el municipio mazahua de San Felipe del Progreso, y ellos en
California.
En
ninguno de los dos países la familia pudo acceder a alguna ayuda para enfrentar
la crisis por la pandemia, pese a que padre e hijo se encontraban en cama
luchando contra el Covid-19 en tierra estadounidense.
En
aquél país el gobierno ofreció apoyos de desempleo a los mexicanos, de entre
500 y mil dólares. De éstos Angélica y su familia no vieron nada.
Sentada
en la sala de una casa modesta, la mujer de origen mazahua, de tez blanca y
cara lavada, platicó que uno de sus cuatro hijos tuvo que abandonar sus
estudios a muy poco de recibirse como licenciado en Derecho, ya que su esposo
dejó de enviar remesas por falta de trabajo.
“A
veces me pongo a pensar, ¿de dónde van a sacar ellos para que nos den?, en su
momento nos dieron, ¡qué bueno!, ¡felicidades!, pero cuando no hay, pues
también tenemos que entender”, comenta contundente con su voz gruesa.
Algunas ciudades como Seattle
dieron “un fondo de alivio económico” de entre mil y tres mil dólares, esto
para apoyo de los paisanos que dieron positivo a la enfermedad.
Pero
las ayudas no fueron suficientes, prácticamente nadie pudo acceder a ellas por
falta de información, requisitos, idioma, trabas administrativas, no tener
documentación, e incluso carecer de internet.
Así
lo platicó Gloria Santiago, activista por los derechos de los migrantes
indígenas: “Es que a mi hasta vergüenza me da decirlo, pero son bien poquitos,
si lo recibieron unos 15 es mucho”, dijo.
Otro
problema, es que los rastreadores –como llaman al personal que contacta a las
familias- les advertían que el dinero de los apoyos “nada más era prestado”.
La
oaxaqueña Gloria, quién se considera una guía para los indígenas mixtecos
asentados en Seattle, relató cómo la muerte de Francisco -el primero que el
Covid les arrebató-, orilló a los integrantes de la comunidad a hacer
donaciones de entre cinco y diez dólares.
Recordó
que en aquella ocasión se juntaron aproximadamente diez mil dólares, que es más
que lo que pudo haber entregado el consulado. Eso sirvió a la familia para
cubrir parte de los gastos funerarios, porque en Estados Unidos como en
México... los deudos pagaron.
